El Economista informa que alrededor de 200 empresas de seguridad privada que operan en el estado de Puebla serán obligadas a registrarse en un padrón estatal, además de que deben aplicar pruebas de confianza a sus elementos, ya que de no cumplir se harán acreedoras a multas hasta de 500 días de salario mínimo, o incluso una clausura.
El diputado panista y presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Francisco Rodríguez Álvarez, comentó que tras la aprobación de la Ley de Seguridad Privada en noviembre pasado, se les dio un tiempo de dos meses a ese tipo de negocios para que se regularicen.
Refirió que la entidad es pionera en este tema, ya que ha detectado que varias empresas, principalmente foráneas, operan sin permiso y no cumplen con asegurar y dar prestaciones a sus elementos o garantizar que están capacitados para prestar el servicio.
Explicó que el padrón estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, la cual tendrá que vigilar e inspeccionar a las empresas que operen en la entidad.
Anteriormente, la Secretaría General de Gobierno tenía a su cargo la regulación de ese sector, aunque –admitió- no se tuvo seguimiento.
Lineamientos
Rodríguez Álvarez expuso que como parte de la contratación de personal, los aspirantes deben hacer un examen en el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado y queda prohibido reclutar sin el registro vigente expedido por la SSP.
Agregó que se exige que los elementos no hayan sido separados de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad pública o privada.
“Los empleados tienen toda la información del traslado de valores, movimientos del personal y operaciones al interior de una empresa, y al no ser supervisados se han presentado algunos hechos donde han sido cómplices de delitos”, apuntó
Más empresas
El delegado de la Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad (Anainse), Agustín Ortiz Figueroa, comentó que la proliferación de más proveedoras de seguridad privada obedece a que se han ido incrementando en “forma sensible”los delitos del fuero común -robo a industrias, comercios, casa habitación y de vehículos-, principalmente en la angelópolis.
Comentó que en los últimos 12 años, el estado pasó de tener 80 a 200 empresas, lo que representó un incremento de 150%, sin embargo, sólo 58.7% -117- de estos negocios tienen licencias estatal o federal para dar el servicio.
