La Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla (PGJ) se transforma de manera integral, generando estrategias para brindar atención de calidad, pronta, expedita y profesional en favor de la ciudadanía.

Todo asunto que involucre  la posible afectación a los derechos humanos debe ser objeto de  especial y eficaz atención, por ello, la Procuraduría General de Justicia  que encabeza Víctor Antonio Carrancá Bourget, pone en marcha la Agencia del Ministerio Público Especializada en la Investigación de los Delitos de Tortura y Desaparición Forzada de Personas, con base en la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y, en su caso, Erradicar la Tortura en el Estado de Puebla.

Esta agencia del MP especializada, cuenta con las condiciones adecuadas e idóneas que permitirán otorgar atención especializada bajo condiciones que hagan posible una actuación oportuna, sensible y efectiva.

La Agencia del Ministerio Público Especializada en la Investigación de los Delitos de Tortura y Desaparición Forzada de Personas, recabará averiguaciones previas o carpetas de investigación por la no localización de personas, en las que se presuma que pueda tratarse de un caso de desaparición forzada, e iniciará y coordinará su búsqueda, solicitando para tal efecto la colaboración de otras autoridades.

Asimismo, iniciará las investigaciones pertinentes por la posible comisión de un hecho de tortura, y brindará el apoyo necesario y atención integral a personas que hayan sido víctimas de este ilícito.

Sus oficinas están ubicadas en la calle 6 Norte número 1003 colonia Centro en la ciudad de Puebla, y tendrá competencia en todo el territorio del estado. Cabe señalar que todas las agencias del MP están obligadas a recibir las denuncias  de casos de tortura o desaparición forzada de personas, y una vez iniciadas las averiguaciones previas o carpetas de investigación, serán remitidas a la agencia especializada para su adecuada investigación.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia trabaja en favor de prevenir, investigar y sancionar los delitos de tortura o desaparición forzada, instruyendo al personal de la institución respecto de la aplicación de los dictámenes y protocolos a seguir.