Al impulsar el Diplomado en Gobierno Abierto, un ejercicio para la actualización profesional y la divulgación científica de temas trascendentales para el país, la BUAP se convierte en referente nacional en el fomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y gobierno abierto, subrayó Miriam Olga Ponce Gómez, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Institución, al clausurar su tercera edición, en representación del Rector Alfonso Esparza Ortiz.

En el Paraninfo del Edificio Carolino, destacó que la BUAP se ha mantenido atenta a las reformas constitucionales en materia de transparencia. En consecuencia, dijo, ha generado espacios para la difusión y socialización de estos temas, como el Diplomado en Gobierno Abierto, “único en su tipo a nivel local y referente a nivel nacional”.

“Un gobierno puede considerarse abierto si promueve el involucramiento de la sociedad y organizaciones sociales en la gestión pública, utilizando la tecnología para multiplicar sus alcances. A través de quienes hoy concluyen este diplomado, la BUAP contribuye con este importante compromiso social”, expresó.

Tras felicitar a los 70 participantes que concluyeron los seis módulos del Diplomado en Gobierno Abierto, la defensora de los Derechos Universitarios enfatizó que este espacio de formación es una de las tantas formas con las que la Máxima Casa de Estudios en Puebla atiende sus compromisos con la sociedad, al actualizar y formar profesionales en temas fundamentales para la agenda nacional.

La BUAP, a través de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, impulsa este diplomado en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

La tercera edición del diplomado tuvo una duración aproximada de 4 meses y fue impartido por académicos y profesionales de las instituciones ya mencionadas, así como de organizaciones no gubernamentales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), y el Colegio de Sonora, entre otras.

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