En sesión púbica del Congreso del Estado de Puebla,  legisladores locales integrantes de todos los grupos parlamentarios, de manera unánime, aprobaron desindexar el salario mínimo de multas, sanciones e hipotecas.

Con esta acción Puebla se convierte en el tercer estado en sumarse a esta  iniciativa, junto con Morelos, Tabasco y el Estado de México;  con ello se desvincula el salario mínimo de 149 ordenamientos legales para efectos de calcular multas y sanciones, si como crédito de Infonavit.

La iniciativa fue presentada,  hace cuatro años, en la máxima tribuna de la nación  por el  Secretario General de la CTM en Puebla Leobardo  Soto Martínez, siendo  diputado federal,  presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

Hoy el líder cetemista es diputado local y, en éste carácter, pidió a sus compañeros legisladores: la  dispensa de trámites para que se aprobara el decreto en cuestión para el caso de Puebla, logrado el apoyo inmediato de la mayoría de diputados; (38 sufragios a favor y ninguno en contra)  por lo que será publicado en el Periódico Oficial del Estado.

El secretario general de la CTM Puebla, consideró que la desindexación del salario mínimo y la desvinculación de multas y deudas hipotecarias, permite hablar del inicio de la recuperación real salarial.

En entrevista con periodistas, Leobardo Soto mencionó que la desvinculación también permitirá que el salario mínimo no sea el referente de cálculo delos gastos de campaña en los procesos electorales, cuotas para pago de derechos y obligaciones e indemnizaciones administrativas.

“De esta manera, será la Unidad de Medida y Actualización (UMA)  la encargada de determinar la cuantía del pago de obligaciones previstas en las leyes y desvinculará al salario mínimo de esa función”. Refirió el legislador.

Debe destacarse que la desvinculación del salario,  es un primer paso para la recuperación rea del salario mínimo y  va en el sentido de que esa remuneración, por lo menos,  sea suficiente para la adquisición de la canasta básica alimentaria y no alimentaria;  modelo de medición implementada por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval).