La Jornada informa que el municipio de la ciudad de Puebla deberá cumplir con el contrato firmado con la empresa Tratamiento de Agua de Puebla, S.A. de .C.V., que contempla la construcción y operación de cuatro plantas de tratamiento aguas residuales por un período de 20 años, así lo determinó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual desechó la pretensión del citado ayuntamiento de terminar anticipadamente con el contrato vigente, que involucra el pago de más de 754 millones de pesos a la referida empresa.
De acuerdo con el expediente de la causa, el 25 de enero de 1999 el ayuntamiento poblano y la empresa tratadora de agua firmaron un primer convenio, el cual fue ampliado en los años 2001 y 2003 para la construcción y operación de colectores por un período de 22 años.
Sin embargo, al amparo de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el municipio pretendió anular los contratos firmados con el pretexto de que en el año 2004 la compañía agregó nuevos elementos a los contratos establecidos, supuestamente a su favor.
Las autoridades locales demandaron ante tribunales a la empresa privada y solicitaron -a tribunales locales- ocupar las plantas tratadoras de agua.
La compañías señaló en su defensa que los convenios firmados no habían sido "novados", es decir, reestructurados a su favor, además se inconformó porque la demanda del ayuntamiento se ventiló en la justicia local y no en la federal.
Los ministros de la primera sala le dieron la razón a la empresa en el sentido de que el tema es de jurisdicción federal y confirmó que en este caso "no hubo novación en el contrato celebrado entre las partes, de manera que, al no haber cambio alguno debe regir el contrato vigente".
La primera sala turnó el asunto para que defina el fondo del asunto, conforme el criterio definido por la sala, en el que está en juego el pago de más de 754 millones de pesos del erario público por la prestación del servicio durante 20 años.
