Bloomberg señala que aquellos que busquen saber cuándo podría darse la próxima crisis financiera en Estados Unidos deberían ponerse un recordatorio para el 1 de enero de 2018.
Esa es la fecha programada de entrada en vigor de una serie de normas nuevas que probablemente limiten todavía más la capacidad de otorgar préstamos y lleven a los bancos a adelantar dinero sólo a los mejores prestatarios, lo cual podría acelerar bancarrotas en todo el mundo.
Sin embargo, como sucede con cualquier regulación financiera, los efectos empezarán a sentirse antes de la fecha de implementación.
Hay dos normas clave para 2018: la razón de apalancamiento establecida por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y la Norma Internacional de Información Financiera 9 (IFRS 9, por sus siglas en inglés), definida por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad.
Otras normas que exigen a los bancos dejar de usar medidas internas propias para evaluar los riesgos comienzan a introducirse a partir del año que viene.
A Basilea III ya se le echó la culpa por reducir la liquidez en los mercados globales y desacelerar el crecimiento del crédito. Lo que está a punto de llegar será una inyección de esteroides para eso.
Por ejemplo, la IFRS 9 exigirá un reconocimiento más temprano de las pérdidas de crédito anticipadas, medida que según algunos analistas crediticios podría aumentar hasta un tercio el número de activos no productivos en algunos bancos.
A medida que aumenten los préstamos incobrables (o su reconocimiento, en realidad), también lo harán los requisitos de capital. En otras palabras, prestar será más caro y más difícil para los bancos.
Las nuevas normas de Basilea, que buscan reducir la libertad de acción de la que gozan hoy los bancos para dar cuenta de los riesgos, entrarán en vigor en los próximos dos años.
Las regulaciones impuestas tras la crisis financiera global ya exigen que los bancos aparten más capital por cada dólar que prestan, dependiendo de la posición de crédito del prestatario.
El problema es que los reguladores mundiales dejaron gran parte de la decisión sobre la solvencia en manos de los propios bancos. Un estudio de Basilea en 2013 descubrió variaciones de hasta 20 por ciento en el suplemento de riesgo ligado a activos similares.
DIFICULTADES
Por consiguiente, a partir de 2017 las instituciones financieras ya no podrán usar sus modelos internos para evaluar el riesgo para las contrapartes derivadas. En 2018, eso se expandirá a la titulización y a partir de entonces -aunque aún no se haya determinado una fecha exacta-, las entidades de préstamo tendrán que evaluar a todos sus clientes de préstamos según los estándares establecidos por el comité de Basilea.
Según las reglas propuestas, las empresas con ingresos más elevados y menor apalancamiento necesitarán menos capital de los bancos, lo que implica que estos tendrán un incentivo para prestarles sólo a las corporaciones más grandes con los negocios más consolidados. Buena suerte para las empresas más pequeñas que necesiten fondos para aumentar las ventas.
A los bancos les cuesta cada vez más ayudar a incentivar la expansión global, sin importan cuán bajas -o negativas- estén las tasas de referencia. Pero la cosa está por ponerse mucho más dura.
Los bancos ajustarán el cinturón y a medida que reduzcan su apalancamiento, también lo hará el mundo. Eso implica más bancarrotas y despidos y menos empleo, lo que suena bastante parecido a una receta para una crisis global.
