Apro reporta que un grupo de 250 consejeros locales y distritales del INE de 29 entidades reprobaron la decisión del Consejo General de posponer la discusión de normas que frenen la compra y coacción del voto.
En la sesión del miércoles 18 estaba previsto discutir sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos, así como garantizar que la ejecución de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales se apeguen a su objeto y reglas de operación, con el objetivo de evitar su uso con fines electorales.
Esos temas fueron votados en contra por seis consejeros electorales para posponer la discusión, entre ellos el consejero presidente, Lorenzo Córdova.
De haber aprobado las normas, solicitarían el apoyo y colaboración de alcaldes, gobernadores, presidente de la República y jefes delegacionales para frenar el uso electoral de los programas sociales.
“No compartimos la decisión de posponer la discusión de tales temas, ya que su retraso no abona a la equidad de la contienda electoral en curso y pudiera afectar los principios rectores del INE e incidir negativamente en la percepción en torno al Instituto, lo que a su vez puede impactar en la participación ciudadana en las urnas y afectar tanto el sistema de partidos como la opción por la competencia electoral por las vías pacíficas”, advirtieron los consejeros en un comunicado de prensa.
Luego llamaron a la voluntad política del Consejo General del INE para llegar a puntos de encuentro anteponiendo los intereses colectivos para recuperar la confianza en el órgano electoral.
“En el contexto de los procesos electorales, hemos sido testigos de que los recursos públicos y programas sociales en ocasiones se utilizan con el propósito de incidir en la contienda electoral y para la compra y coacción del voto, siendo este último uno de los problemas torales de la democracia mexicana y uno de sus principales pendientes”, argumentaron.
Los consejeros urgieron a que el INE tome una posición clara y contundente en contra de la manipulación y coacción del voto a partir del uso indebido de recursos y programas públicos.
“Confiamos en que valorarán a conciencia los proyectos de acuerdo propuestos para su discusión, ya que es fundamental que el instituto tenga una posición clara y contundente contra la manipulación y coacción del voto ciudadano, a partir del uso indebido de los recursos y programas públicos a favor de candidatos y partidos políticos”.
En la misiva enviada al Consejo General precisan que la decisión produjo un desencuentro con siete de los 10 partidos, lo que ha motivado una reacción de protesta por parte de esas fuerzas políticas contra la decisión de los seis consejeros electorales.
