Ignacio Juárez Galindo
La decisión de 12 magistrados de presentar su jubilación voluntaria al Tribunal Superior de Justicia de Puebla es el resultado de una larga pugna entre el grupo marinista y la nomenclatura del Poder Judicial, encabezada por el ex magistrado Guillermo Pacheco Pulido, en la que el primero pretende hacerse del control de una institución clave en la gobernabilidad de la entidad y convertirla en su último reducto, mucho más ahora tras la estrepitosa pérdida de la gubernatura.
El interés por hacerse del control del Poder Judicial correspondía de manera original a la decisión del Ejecutivo local por consolidar su proyecto transexenal –el cual se desplomó con la debacle del 4 de julio- y envió como su emisario al ex consejero jurídico del Gobierno del estado, Ricardo Velázquez Cruz, al que convirtió el año pasado en magistrado y le fue creada ex profeso la Coordinación de Comisiones de la Junta de Administración del Poder Judicial.
Dentro de la lógica marinista toda iba viento en popa para que en febrero de este año Velázquez Cruz asumiera la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, pero no contaban con que la nomenclatura, a través de una magistral jugada del magistrado Alfredo Mendoza García, titular de la Segunda Sala Civil e hijo político de Pacheco Pulido, no sólo exhibió la debilidad del ex consejero jurídico sino que creó toda una corriente al interior del Poder Judicial que terminó por respaldar la reelección de León Dumit Espinal.
La operación de la nomenclatura sorprendió a propios y extraños, pero sacó a relucir varias situaciones: Se fortaleció la idea de que “gente extraña al Poder Judicial” no podía hacerse del control del mismo no sólo porque representaría una burla para otros magistrados con mayor experiencia sino porque representaba un riesgo de veto a todas aquellas propuestas de ascensos que presentaran los magistrados.
También, Mendoza García fomentó la animadversión hacia el ex Consejero Jurídico, al grado de allegarse de un cúmulo de irregularidades y quejas cometidas por éste contra diferentes jueces, a quienes pedía fallar a favor o en contra según su interés, en los casos judiciales que desahogaban en sus tribunales. Incluso, las quejas fueron presentadas a León Dumit, quien tomó la decisión de enviar una tarjeta informativa al Ejecutivo local en la que pedía poner freno a las andanzas del magistrado marinista.
En aquella ocasión, un hecho resultó fundamental para que los magistrados se negaran a la unción de Velázquez: Mendoza llamó a la reflexión de los magistrados de cuan conveniente resultaba ceder la presidencia a un simpatizante de la corriente de Javier López Zavala, máxime cuando aún no estaba nada definido y existían serias posibilidades de que perdiera ante el arrastre de Rafael Moreno Valle Rosas.
Otro tema fundamental fue la pérdida de Ricardo Velázquez del respaldo por parte de un grupo de magistrados independientes, quienes lo cobijaron a su llegada y lo veían como la persona ideal para que llevara a cabo cambios profundos en el Poder Judicial y fuera punta de lanza para combatir la corrupción y autoritarismo de la nomenclatura.
Una vez que en el pleno del TSJ se aprobó la reelección de León Dumit, el grupo marinista tomó nota de la rebelión de la nomenclatura y puso en marcha una segunda intentona para dejar en claro que no cejaría en su intento por hacerse del control del tribunal. Fue entonces cuando se difundió la versión de que el relevo de magistrados se llevaría y aquellos que se negaran a retirarse, entonces, serían exhibidos públicamente.
Dicha estrategia consistía en cortar la cabeza de dos jueces, a quienes se les sacaría a la luz pública los millonarios negocios, propiedades, irregularidades a su paso por los juzgados y hasta fotografías comprometedoras de su vida privada. El escándalo sería un mensaje bastante claro para aquellos magistrados que no quisieran irse.
El mensaje fue recibido por la nomenclatura que se preparó para hacer frente a la embestida. El nerviosismo de apoderó de sus integrantes y se creía que no faltaría mucho para que la guerra entre magistrados y marinistas estallara.
Sin embargo, un encuentro celebrado entre los magistrados del TSJ y el gobernador Mario Marín Torres, efectuado en el mes de mayo pasado en Casa Puebla, fue el marco en que ambos grupos en pugna llegaron a un acuerdo. Y es que a los funcionarios del Poder Judicial, al igual que el libro “El Padrino” de Mario Puzzo, les hicieron una oferta que no pudieron rechazar: En caso de aceptar su jubilación voluntaria recibirían una millonaria indemnización, a parte de su pensión mensual que incluiría su sueldo y compensaciones.
Por otra parte, los magistrados escucharon en voz del mandatario estatal su deslinde con Ricardo Velázquez. Para el encuentro, la nomenclatura se hizo acompañar de un voluminoso expediente del ex Consejero Jurídico sobre supuestas anomalías y negocios que estaría realizando al amparo de su cargo, además de sus ligas con el abogado Florentino Téllez Bernal.
Tras escuchar al Ejecutivo, los magistrados pidieron que su salida se cumpliera hasta febrero del 2011 y demandaron que Humberto Fernando Rosales Bretón ocupara la silla que dejaría León Dumit Espinal, así como también aceptara las propuestas de magistrados que le entregarían para que fueran aprobadas por el Congreso del estado.
Ahora se sabe que Alfredo Mendoza está inmiscuido en la tarea de consensuar a los candidatos de la nomenclatura que se pretende ocupen los lugares vacantes, además de que anda muy interesado en negociar una notaría en Tepexi de Rodríguez.
No obstante, una vez sellado el pacto y tras la debacle del 4 de julio, los integrantes de la nomenclatura cayeron en cuenta que están en riesgo de que el gobernador envíe cuanto antes las ternas de magistrados al Congreso del estado, integradas por gente de su extrema confianza, para que sean aprobada fast track.
El principal riesgo que avizoran los magistrados es que serán echados del tribunal antes del 2011, que sus propuestas de ternas no serán aceptadas y que el dinero que les darán si bien será una jugosa partida no representa nada en comparación de perder el poder. En el fondo saben que el Poder Judicial se pretende convertir en el último reducto del maltrecho marinismo.
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Tras la debacle del tricolor en la elección de 4 de julio en el municipio de Puebla, se confirmó que la bancada tricolor en el Cabildo estará integrada por seis personas: Julio César Sánchez Juárez, María de Lourdes Dib y Álvarez; Sandra Montalvo Domínguez, María de la Luz Teodora Ramírez Moctezuma, Octavio Castilla Kuri y Rosa de Lourdes García Tovar.
Hasta el momento, Octavio Castilla Kuri se perfila como la carta más fuerte para ocupar la coordinación de la fracción priista. El hoy regidor es un político joven con importante conocimiento del municipio. Formó parte del equipo que elaboró el Plan Municipal de Desarrollo, los programas y las políticas públicas del actual ayuntamiento.
Castilla, además, ha sido secretario particular de José Alarcón Hernández cuando fue líder del Comité Directivo Estatal del PRI y formó parte del gabinete de asesores de Enrique Agüera, a parte de ser miembro del Colegio de Economistas.
Quienes lo conocen dicen que su principal atributo es su actuar prudente, lo cual resultará fundamental ante una fracción de regidores que, salvo Sandra Montalvo, tiene a puro político balín.
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