Ignacio Juárez Galindo

La decisión de la administración morenovallista de impulsar una reforma del Poder Judicial que dará vida al Consejo de la Judicatura desencadenó una lucha de fuerzas entre el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno del Estado.

La primera acción resultante del estira y afloja entre ambas instituciones, es la creación de la Contraloría Interna del Poder Judicial, la cual recayó en manos de Bertha Angélica Santiago Muñoz.

Me explico:

Una vez que Rafael Moreno Valle Rosas ganara la elección del 4 de julio del año pasado, la Nomenclatura que controla el Tribunal Superior de Justicia comenzó un amplio acercamiento para definir las bases de la nueva relación entre ambos poderes.

El primer acuerdo fue que la decena de magistrados que presentaron su prejubilación al final del sexenio marinista, entre ellos el mandamás del Tribunal, Alfredo Mendoza García, permanecieran en sus cargos un año más.

Esta situación dio pie a un segundo acuerdo: Que la Nomenclatura aceptaría conducir el proceso para la reforma al Poder Judicial y el encargado sería, por su perfil, oficio político y poder, Mendoza García.

Mientras los meses del periodo de transición avanzaban, el magistrado de la Segunda Sala de lo Civil mantuvo contacto permanente con los morenovallistas, quienes en un principio exigieron resultados inmediatos en indicadores y mediciones sobre administración de justicia, principalmente mejorar en el estudio realizado por la Asociación Mexicana de Bancos que coloca a Puebla en el sótano.

Seguro de que los indicadores de la poderosa agrupación empresarial son altamente engañosos, Mendoza García apostó por otra estrategia: fortalecer económica y legalmente al Poder Judicial. Su postura, no obstante, le llevó a tener roces y desencuentros con el actual inquilino del Salón de Protocolos.

Pero, la relación nunca se perdió y la Nomeclatura fortaleció el acercamiento y cabildeo con el nuevo grupo en el poder, lo cual redundó en un hecho fundamental: La llegada de David López Muñoz a la presidencia del TSJ, lo cual representó un triunfo para Alfredo Mendoza y su grupo; a la par de otros acuerdos como apoyar al gobernador en su cruzada contra el empresario Ricardo Henaine Mezher, la cual fue cumplida a cabalidad.

La toma de protesta llegó y con el apoyo de los morenovallistas, la Nomenclatura comenzó a delinear su estrategia rumbo a un nuevo tema: la Reforma al Poder Judicial.

Hasta el momento, Alfredo Mendoza y un grueso importante de magistrados ya aceptaron la creación de un Consejo de la Judicatura y desaparecer la Junta de Administración del Tribunal Superior de Justicia, pero con una condición: que en manos de La Nomenclatura queden las áreas de disciplina y evaluación.

El interés por el área de disciplina reside en que es el órgano que lleva el control de las quejas y actuaciones de los secretarios, jueces, diligenciarios y hasta magistrados, así como también es la instancia de imponer todas las sanciones y correctivos a los funcionarios que cometan irregularidades.

Por su parte, el área de evaluación es fundamental porque ahí radica la contratación, rotación y seguimiento de toda la estructura del Poder Judicial, actualmente en manos de Alfredo Mendoza, quien lo opera a través de los colegios de Jueces y Secretarios de Juzgado, así como el cumplimiento de los indicadores, planes operativos anuales; inversión y presupuesto, entre otros muchas cosas.

Ante la negativa de independizar o emancipar las áreas de disciplina y evaluación, pilares fundamentales del desempeño judicial, la administración morenovallista envió un mensaje sin rodeos: La opción sería modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para quitarle el fuero a jueces y magistrados, así como reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a fin de tener un arma legal para sancionar a los funcionarios del Tribunal.

Sin embargo, en un acto de verdadera astucia, la Nomenclatura operó para crear la Contraloría Interna del Tribunal Superior de Justicia, a fin de que represente un contrapeso y deje sin justificación las reformas legales que pretendería impulsar la gestión estatal. La lógica es sencilla: para qué modificar la ley para sancionar a los funcionarios del Poder Judicial si ya cuentan con un órgano que los vigila y sanciona.

Y mire usted si no: El comunicado de prensa enviado por el TSJ a raíz de la creación de dicha contraloría establece que se trata de un “órgano encargado de controlar, fiscalizar e inspeccionar el cumplimiento de las normas administrativas que sean de observancia obligatoria en las Dependencias del Poder Judicial del Estado; así como la situación patrimonial de los Servidores Públicos de este Poder.

“La Contraloría tiene un Departamento de Fiscalización y Control Patrimonial y un Departamento de Normatividad y Calidad, así como con las Unidades Administrativas necesarias para el buen desempeño de las funciones que tiene asignadas.

“Son atribuciones de la Contraloría Interna el vigilar el cumplimiento de las normas de control administrativo, establecidas por la Junta de Administración del Poder Judicial del Estado; verificar el cumplimiento, por parte de los Órganos administrativos, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materias de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos económicos y llevar el registro de la situación patrimonial de los Servidores Públicos de este Poder.

“La Contraloría Interna, en su función de fiscalización, aplicará las normas, principios y procedimientos relativos a las evaluaciones de la información presupuestal, económica y de resultados del Poder Judicial del Estado, observando, como lineamientos básicos Auditorías de resultado de programas, las que tendrán por objeto analizar la efectividad y la congruencia alcanzadas en el avance presupuestal, y en el logro de los objetivos y metas establecidos.

“Asimismo realizará Auditorías de operación, que analizarán la eficacia obtenida en relación con la asignación de recursos humanos, materiales y financieros, mediante el análisis de la estructura organizacional de los sistemas operativos y de información; y Auditorías económico-financieras, que comprenderán el examen de las transacciones, operaciones y registros financieros, para determinar si la información que se produce al respecto es confiable, oportuna y útil”.

El estira y afloja entre el Poder Judicial y la administración estatal está en su apogeo.

Es la primera etapa de un juego de ajedrez harto interesante.

ignacio.angel20@gmail.com

Ignacio Juárez Galindo

Que la próxima semana conoceremos un verdadero escándalo que involucrará al ex procurador General de Justicia de la entidad, Rodolfo Igor Archundia Sierra, así como a su antecesora Blanca Laura Villeda.

En la Secretaría General de Gobierno existe un informe que revela que durante el sexenio marinista, la Policía Ministerial no ejecutó 300 órdenes de aprehensión en toda la entidad.

Hasta el momento se desconocen las causas reales que propiciaron esa situación, pero una cosa es clara: las órdenes de captura están prescritas, es decir, muchos de los delitos cometidos y que dieron pie a que los diferentes jueces giraran las detenciones ya vencieron su término para ser sometidos a juicio.

La situación, y no es para menos, tiene francamente indignado a más de un funcionario morenovallista, de ahí que la instrucción precisa es investigar a fondo dicha situación y sancionar a todos los responsables sin importar de quién se trate.

Habrá que esperar a la próxima semana para conocer con precisión si los 300 presuntos delincuentes se encontraban involucrados en delitos de alta peligrosidad o si entre los beneficiarios está algún recomendado, familiar, amigo o compadre los anteriores funcionarios marinistas.

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Que la noticia de la muerte de una persona presuntamente por la tortura que le propinaron un grupo de policías ministeriales prendió los focos rojos en el gobierno del estado y de inmediato giraron instrucciones al procurador General de Justicia, Víctor Carranca Bourguet, para que aplique mano dura a todos aquellos funcionarios de la dependencia que sean sorprendidos en cualquier irregularidad.

La gota que terminó por sacar de sus casillas a los verdaderos hombres de poder en Puebla es la sospechosa fuga de Édgar Sánchez Herrera, agente de la Policía Ministerial de Puebla con placa número 353 y ex escolta del que fuera candidato del PRI a la gubernatura, Javier López Zavala, quien estaba involucrado en el deceso.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la medida incluye que cualquier error cometido por judiciales, ministerios públicos y peritos sean de inmediato consignados ante el Ministerio Público para que les integren una averiguación previa.

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Que no falta mucho para que en la PGJ se aplique la barredora a ministerios públicos y policías ministeriales.

Se especula que unos 50 agentes serán removidos de sus cargos o, bien, se les invitará a que hagan efectiva su jubilación.

ignacio.angel20@gmail.com

Ignacio Juárez Galindo

La magistrada Elba Rojas Bruschetta y la juez tercero de lo penal, Dalia Arciniega Arias, están que nadie ni nada la consuela.

En el Poder Judicial son  la comidilla de los integrantes del Pleno.

Su nombre está en boca de  jueces, secretarios, diligenciarios y escribientes.

Hasta uno que otro litigante sabe de su pifia.

¡Y vaya que pifia!

Resulta que el jueves de la semana pasada, Elba Rojas Bruschetta acudió como representante del Tribunal Superior de Justicia ante el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Puebla, en donde la juez tercero de lo penal, Dalia Arciniega Arias, llevó a cabo ante un auditorio atestado de estudiantes de la licenciatura de derecho, un juicio oral real.

En el acto judicial estuvieron, además, Bessi Mevea, ministerio público, así como representantes de todos los medios de comunicación, quienes presenciaron la nueva metodología con que se llevarán a cabo los juicios en la entidad.

La novedad del juicio y su aplicación, hay que decirlo, dejó anonadados a los estudiantes y hasta ese momento parecía todo un éxito.

En el desahogo del juicio, la juez dictó una sentencia de 11 meses 13 días, así como una multa de un día de salario mínimo a Otto Guerrero Reyes, quien el pasado 22 de febrero robó un plato y un platón de talavera en el andador del Parián, con un valor de 415 pesos.

Conforme las horas pasaron, al TSJ llegó el reporte de que la realización del juicio oral en dicha casa de estudios había salido de plácemes.

Sin embargo, al día siguiente un grupo de estudiantes del Tec de Monterrey buscó con desesperación en Ciudad Judicial a la directora del Instituto de Estudios Judiciales. Sorprendida por la visita, Elba Rojas Bruschetta dejó sus actividades para atender a los universitarios.

La noticia que recibió a continuación fue un balde de agua fría.

Y es que los chicos le explicaron que tras el juicio oral se fueron a sus aulas para diseccionar y analizar el caso a detalle y fue cuando cayeron en cuenta que la juez Dalia Arciniega había cometido un error garrafal, pues para juzgar a Otto Guerrero ignoró la reforma que se realizó al artículo 374 del Código de Defensa Social, relativo al delito de robo calificado, y por equivocación utilizó el antiguo artículo.

Los estudiantes le pusieron de manifiesto que el actuar de la juez violaba el artículo 14 constitucional referente a la retroactividad o irretroactividad de una ley.

Enrojecida y sin saber qué hacer, Elba Rojas no daba crédito de la situación.

Los jóvenes callaron en espera de una respuesta.

Tras varios segundos de silencio, la magistrada recobró el color e impávida soltó a los estudiantes: “¡Se los dije, en Puebla no estamos preparados para los juicios orales!”.

La respuesta, como era de esperarse, corrió como pólvora por todo el Poder Judicial.

Ahora, cada vez que Elba Rojas camina por los pasillos de Ciudad Judicial, muy poco pueden evitar sonreír al recordar el oso de la magistrada.

ignacio.angel20@gmail.com

Ignacio Juárez Galindo

Mientras pudieron disfrutar las mieles del poder fueron entrañables, inseparables y, sobre todo, leales.

Los dos empresarios, cada uno por caminos separados, construyeron un lazo de amistad y complicidad sólido e inquebrantable con el que llegó a ser el hombre más poderoso de la aldea.

Cada uno por separado supo ganarse la confianza del mandamás, seducirlo y, principalmente, demostrarle que su lealtad era a prueba de fuego.

Diligentes, eficientes y harto pragmáticos en cuestiones de negocios, dieron muestra de su madera y lo redituable de sus servicios.

No era para menos: Su amigo, el eje fundamental de la amistad, era el político más poderoso.

Y con él vivieron el infierno y gloria.

En la desgracia no lo dejaron sólo.

En la bonanza le sirvieron con beneplácito.

La amistad al amparo del poder es como la mujer deseada: requiere de la mejor estrategia para tenerla a tu lado.

Con la lealtad y la confianza en el bolsillo, el poderoso hombre los cobijó y mantuvo debajo del ala del dragón.

Uno es constructor y una muestra de su fortuna es su residencia cercana que, entre otras cosas, está adaptada con un estacionamiento subterráneo con más de 50 cajones.

Al otro empresario todos los conocen. Sólo basta leer un poco.

Los años del poder transcurrieron.

En ese tiempo, los tres pactaron, por duplas separadas, la aventura de nuevos negocios.

La lealtad había sido premiada.

El dinero cayó en cascada; no sin problemas, pero de todos salieron airosos.

Los negocios no pararon, la amistad se hizo de acero.

El tiempo pasó y el ocaso inminente del poder se acercaba.

Todo estaba listo para que el grupo en el poder continuara.

Pero el cansancio de la gente, de la clase política; la soberbia y los acuerdos, echaron abajo todo.

El hombre entonces poderoso preparó su retiro.

En su panorama no sólo estaba buscar con la persona correcta el preciado pacto que lo librara de la persecución.

En su haber también estaba la tranquilidad, la seguridad en sus amigos y los fructíferos negocios que emprendieron.

Pero las cosas sólo se cumplieron a medias.

El golpe bajo vino de parte de sus hombres leales.

Los antiguos amigos abrieron un frente de lucha que no sabe el final, pero sí las posibles consecuencias.

Hoy, los empresarios ya no quieren recibir a su amigo.

Olvidaron la lealtad… y las millonarias regalías que debían entregar.

Sin duda, la amistad al amparo del poder perdido es eso: olvido.

ignacio.angel20@gmail.com

Ignacio Juárez Galindo

El rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, dio ayer un paso importante para su gestión al arrasar prácticamente en la elección de los integrantes del Consejo Universitario.

Ante la nueva realidad política que se vive en la entidad, el éxito obtenido no sólo es una demostración de fortaleza sino también que pese a los embates sufridos desde el exterior, la gobernabilidad de la institución educativa más importante en Puebla sigue intacta.

Para algunos, la elección del Consejo Universitario era una prueba de fuego para el rector de la BUAP luego de una serie de desafortunados incidentes que lo mismo se reflejaron en una embestida mediática y en redes sociales contra su persona, así como la desafortunada actuación de un grupo de estudiantes de la izquierda radical, agrupada en la Liga Estudiantil Democrática.

Ese grupo fue el responsable de encabezar las marchas contra el aumento a la tarifa del transporte público que desencadenó en la toma del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras y, posteriormente, en aquella manifestación frente al Congreso del Estado, en donde los quejosos se sacaron sangre.

El movimiento contra el alza del transporte representó para la BUAP una tarea difícil de sortear debido a la intromisión de agentes externos a la universidad que intentaron aprovechar el cambio de poderes de la entidad y debacle del PRI para hallar un hueco a su movimiento de presión, darle vigencia y continuidad.

La derrota de la Liga Estudiantil Democrática, que perdió en casi todas las unidades académicas donde compitió, incluido su bastión en la Facultad de Físico-Matemáticas, representa un golpe de hondo calado en su estrategia de lucha.

La operación política impulsada por la administración central de la BUAP permitió permear en la comunidad universitaria, y aunque es muy probable que los disidentes justifiquen su derrota en la cooptación, dispendio y otras cosas, lo cierto es que quedó al descubierto que la LED sigue siendo un movimiento minoritario.

El proceso de elección realizado ayer se desarrolló sin incidentes ni irregularidades graves que pongan en duda su legalidad y legitimidad, de ahí que las denuncias que probablemente se expongan tendrán poco eco en la comunidad universitaria y la opinión pública.

Sin embargo, me parece que el mensaje más importante enviado ayer por el rector Enrique Agüera Ibáñez es que la fortaleza y gobernabilidad que mantiene al interior de la institución lo convierte en un aliado estratégico en el ámbito social.

La BUAP es una de las instituciones más importantes en la entidad y, en buena medida, uno de los pilares sobre los que descansa la gobernabilidad de la entidad, de ahí que el mensaje de la gestión agüerista de que todo está tranquilo en casa, es un factor que abona a esa construcción social.

Demuestra, asimismo, que la BUAP tiene una vida y lógica interna que trasciende coyunturas políticas o electorales, pero que no le impide insertarse en el contexto político y social que le toca vivir a fin de contribuir e incidir en el desarrollo de la entidad.

Esta incursión en los momentos coyunturales representa, en la actualidad, una carta importantísima para cualquier autoridad estatal. La BUAP es aliada y motor de desarrollo por su actividad científica, de investigación, extensión y penetración social, lo cual debe ir acompañado con que la casa de estudios cuenta con una administración central que ofrecer certeza, gobernabilidad y certidumbre.

No obstante, la rectoría de la BUAP tiene frente a sí un reto importante: que la gobernabilidad se traduzca en beneficios sociales para la entidad y que su labor impacte en las regiones, además de que por la vía de los hechos se pueda revertir la negativa campaña que se la ha endosado.

De igual forma, el triunfo en las elecciones del Consejo Universitario también es una muestra de que el equipo de colaboradores del rector cumplió, de manera discreta y cabal, la encomienda.

ignacio.angel20@gmail.com

Ignacio Juárez Galindo

Dos actos públicos celebrados ayer en la entidad sacaron a flote la doble cara de la nueva clase política que gobierna Puebla.

Las caras de la frivolidad y la simulación.

Una cara se vio en la zona de Angelópolis, en donde el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, funcionarios, legisladores, Lucerito y Chabelo montaban un circo para la colocación de la primera piedra del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón.

El otro rostro apareció en el Centro Histórico de Puebla, a través de una verdadera especialista en los alcances a la libertad de expresión, quien confirmó que la iniciativa de despenalización de los delitos de difamación y calumnia, propuesta por el Ejecutivo local y enmendada por el Congreso local, es inconstitucionalidad y pone a la entidad como el estado con mayor vulnerabilidad para el ejercicio periodístico en el país.

Es más, la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado ofrece la oportunidad de presentar amparos contra la medida.

Ya lo dijo la doctora Perla Gómez Gallardo, quien estuvo en Puebla junto con los dirigentes del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión: la reforma es tan ridícula y peligrosa que deja abierta la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda inconformarse hasta por la publicación de una esquela y exija una réplica.

Por lo expresado ayer en la conferencia de prensa que encabezó la también investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y representante legal, sin goce de sueldo, de periodistas como Miguel Ángel Granados Chapa, es que la ausencia de una consulta pública con especialistas en la materia, periodistas y sociedad civil dio pie a que se hiciera un bodrio de ley.

La sesión del Congreso del estado del 22 de febrero en la que se aprobó la reforma de marras dejó el desagradable sabor de boca, pese a los discursos y justificaciones en tribuna, de que se legisló con rencor, en una especie de vendetta para cobrar los agravios cometidos por la prensa poblana.

Sin embargo, bien cabe aclararles a los diputados locales y hasta a los integrantes del gobierno del estado que muchos de los medios de comunicación y periodistas de los que hoy tanto se quejan y detestan por sus excesos y golpeteos, son los mismos que nacieron, fueron cobijaron y hasta financiados desde el poder.

Son los mismos periodistas a los que la clase política poblana, incluidos los que ahora están en el poder, también consultó y recurrió para dar pie al juego de los ataques y filtraciones.

En realidad casi toda la clase poblana fue copartícipe en este proceso de descomposición.

En Puebla, la elección del año pasado demostró que si los morenovallistas  llegaron al poder es porque estaban hartos de Mario Marín Torres y los marinistas, fue un voto de cansancio no un voto de respaldo.

Los comicios también demostraron que la sociedad ha rebasado a los medios de comunicación y, sobre todo, confirmó que los medios en realidad eran el reflejo de la clase política poblana.

La negativa de los legisladores de hacer una consulta ya saco a flote que las ansias de los morenovallistas por apresurar y legislar, apoyados por algunos de sus empleados en Congreso local, puede ser harto contraproducente.

La reforma fue impulsada por los mismos diputados locales  que ayer andaban muy orondos en el acto de los morenovallistas y Televisa; algunos de ellos con tal desplante que no tuvieron empacho en sacarle foto a los artistas del canal de las estrellas.

Lo visto en la zona de Angelópolis, en buena medida, hace preguntar si la máxima del nuevo gobierno local es la mutación de la famosa frase salinista: “ni los veo ni los oigo” a “solo veo y oigo… a las televisoras”.

Lo interesante del asunto es que Moreno Valle Rosas apuesta a gobernar con el apoyo de las televisoras, una decisión que tiene mucha similitud con el viejo régimen priista que hizo lo mismo; un acción que maximizó el priista Enrique Peña Nieto.

Entonces: ¿dónde quedó el gobierno del cambio? ¿Para eso querían que los poblanos abriéramos los ojos?

A lo mejor, la respuesta se encuentra en los tipos de discursos entre la prensa y la televisión. La primera obviamente no será nada halagüeña, pero en el segundo las cosas pueden cambiar. Y como muestra, las palabras del presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros Verdugo, que tanto endulzaron los oídos de los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo:

“El gobernador de Puebla, evidentemente, rompió todos los récords de tiempo, de compromiso y responsabilidad. Apenas, hace unas horas, apenas tomó posesión y hoy ya estamos aquí poniendo la primera piedra y en algunos meses lo estaremos inaugurando (el CRIT)”.

“(…) El Congreso del estado de Puebla le está poniendo un ejemplo a toda la nación de lo que es saber hacer a un lado las diferencias para saber las cosas que nos unen, especialmente los niños pobres, enfermos  y con las mayores necesidades, siempre van en primer lugar”.

Como dijeran las abuelitas: “Ver para creer”.

ignacio.angel20@gmail.com

Ignacio Juárez Galindo

Entre diferentes círculos de periodistas y especialistas en la libertad de expresión a nivel nacional corrió como pólvora el escándalo de que en Puebla se pretendía aplicar un nuevo tipo de mordaza a los medios de comunicación, pero cobijado en la simulación de la despenalización de los delitos de difamación y calumnia.

Luego, vino el intento del Congreso del Estado de subsanar las cosas, pero se aprobó una reforma incompleta, mezquina y muy distante de lo que podría ser un ejercicio legislativo de vanguardia en el país.

La cerrazón de los legisladores poblanos a realizar una consulta simplemente terminó por confirmar que la iniciativa llevaba una especie de mensaje siciliano para los medios de comunicación.

Y eso también fue tomado en cuenta por los círculos nacionales ligados al tema de la libertad de expresión.

Pese a la aprobación, o más bien imposición, de la iniciativa y sus modificaciones, la discusión se mantiene vigente en diferentes círculos académicos y quedó constancia de que Puebla será tomado como un ejemplo de lo que no debe hacerse en cuanto a legislar en esa materia.

A la par, sigue en el aire si los legisladores realmente cumplirán con el tercer artículo transitorio de la reforma que despenaliza la difamación y calumnia para que se creen las leyes reglamentarias necesarias que configuren las características del daño moral. A nivel nacional lo mismo se prometió y llevamos ya casi cuatro años y no hay leyes secundarias.

Por lo mientras, el director de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de las Américas Puebla, Ernesto Villanueva, ya se adelantó en la discusión al enviar una carta al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en la que le solicita expresamente lleve a cabo diferentes observaciones a la iniciativa aprobada por el Congreso local que reforma el Código Civil en el apartado sobre  daño moral.

En la misiva, el reconocido especialista solicita se elimine “la figura de daño patrimonial tratándose de casos de daño moral derivados del ejercicio de las libertades previstas” en los artículos 6º y 7º Constitucional. Asimismo, se mantenga el tope de sanción de mil días salario mínimo, en lugar del incremento de 3 mil que aprobaron los legisladores locales.

Dicho documento, además, resulta interesante porque Villanueva incorpora la famosa tesis sostenida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Canese vs Paraguay, y que forma parte de la sentencia emitida el 21 de agosto del 2004:

“Tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter del interés público que conlleva las actividades o actuaciones de una persona determinada.

“Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.

“En este sentido, en el marco del debate público, el margen de aceptación y tolerancia a las críticas por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los políticos e inclusive de los particulares que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público debe ser mucho mayor que el de los particulares”.

Habrá que esperar la respuesta del Ejecutivo local.

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Este jueves, los integrantes del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión (Frenap) estarán en Puebla para ofrecer una conferencia de prensa en donde expondrán una visión crítica de los riesgos y amenazas que conlleva la modificación aprobada por el Congreso local.

El evento estará encabezado por Perla Gómez, quien es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctora, con mención honorífica, con la tesis: “Revisión epistemológica de los alcances y límites de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información frente a los derechos de la personalidad de figuras publicas”.

También es autora de los libros: Filosofía del Derecho, editorial URE (2005); Derecho de Acceso a la Información Pública en Mexico, Limac, en coautoría con Ernesto Villanueva; Ejercicio Periodístico, CNDH; Indicadores de Transparencia y Reforma del Artículo 6o constitucional; Libertad de Expresión, Protección y Responsabilidades, CIESPAL, Ecuador, 2009; Manual para Periodistas, Fundalex, entre otros.

Y entre sus grandes méritos, que son bastantes, se encuentra el haber sido la defensora legal de los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa, Froylán López Narváez, Eduardo Huchin, y del periódico El Sur, de Guerrero.

También estará Judith Calderón Gómez, actual coordinadora del Frenap. Es periodista, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Inició en el UnomásUno, es fundadora de La Jornada. Sus textos sobre la niñez en México le valieron el Premio Especial de Periodismo por la infancia y están recopilados en su libro “Infancia sin Amparo”.

Actualmente es la secretaria general del Sindicato Independiente de trabajadores de La Jornada (Sitrajor) y académica en la UNAM.  Desde 2008 ha participado en la defensa del gremio periodístico con otros sindicatos como el sindicato de Redactores de la Prensa, Radio Educación, Notimex, El Sol de Puebla, los trabajadores de la Revista Contralínea y la Fundación Manuel Buendía.

De igual forma, participará Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, hermana mayor de Contralínea Puebla. El influyente periodista expondrá, entre otras cosas, los casos judiciales a los que se ha enfrentado a consecuencia de legislaciones que defiendan el derecho a la libertad de expresión.

La cita es las 12 horas, en el restaurante Villa Rosa.

ignacio.angel20@gmail.com

Ignacio Juárez Galindo

Con extrema curiosidad ayer leí una nota aparecida en un periódico local sobre el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), José Alfredo Miranda López, en la que, a grandes rasgos, criticaba la falta de resultados de la controvertida Alianza por la Calidad de la Educación en la entidad.

Sin embargo, mayúscula sorpresa me lleve al comprobar que ésta no es la primera vez que el empresario metido a rector opinaba sobre la educación pública poblana y los actores involucrados en nuestro estado.

Lo interesante del asunto es que la intromisión del representante de la conservadora universidad en el ámbito de la educación pública no sólo muestra una manera desaseada de ganar reflectores sino que muy en el fondo representa una incongruencia y un ejemplo de la doble moral de la derecha poblana.

Vayamos por partes.

Los involucrados en la Alianza por la Calidad de la Educación son los primeros responsables en aclarar si este proyecto ha funcionado o no, y explicar sus causas; así como hacer frente a las críticas del rector de la UPAEP.

Asimismo, Alfredo Miranda López tiene todo el derecho de opinar sobre lo que le plazca.

Sin embargo, su investidura y la institución que representa no son para nada un ente menor.

¿Qué significa la UPAEP en el concierto social poblano? Una institución conservadora y vivo ejemplo de lo que la derecha mexicana, en este caso poblana, siempre ha querido que sea la educación de nuestro país: confesional.

De hecho, esta institución representa todo lo contrario al espíritu del artículo tercero constitucional: no es laica y mucho menos gratuita. Su fundación obedece a una pugna de tipo ideológico, sustentada por el más rancio pensamiento conservador de los  empresarios y hombres de negocios.

Más de un periodista e investigador, además, ha sostenido que la UPAEP es el semillero de la Organización Nacional del Yunque, la misma organización secreta de ultraderecha que pretendió gobernar este país en época de Vicente Fox y que tanto detesta el presidente Felipe Calderón.

El mismo Yunque que en Puebla opera en la clandestinidad y que tiene viejas cuentas que aclarar, como es el caso del asesinato de su fundador Ramón Plata Moreno.

Esta lógica conservadora, arropada en una institución privada, es la que se encuentra de fondo en las críticas de Miranda López sobre los temas de la educación pública poblana.

En una revisión a las declaraciones que antaño realizó Alfredo Miranda me encontré una joya informativa publicada a raíz del movimiento disidente magisterial poblano que fue financiado por el gobierno estatal con la finalidad de desestabilizar al sindicato magisterial.

La nota en cuestión fue publicada el 21 de octubre de 2008, en el Periódico Digital. La declaración del rector de la UPAEP fue: “Los sindicatos deben ser organizaciones críticas de si mismas y reinventarse para dar resultados acordes a los nuevos tiempos, porque lo que funcionaba en el siglo pasado, hoy ya no es una alternativa, se deben repensar otras soluciones y evolucionar”.

Esta aseveración fue realizada luego de que anunciara el encuentro internacional de centros de cultura, en donde el tema central sería “Laicismo y Fe, la civilización judeocristiana y la crisis del mundo postmoderno”.

Dichas palabras no tendrían ninguna relevancia de no ser porque sacan a la luz la doble moral del rector de esa institución y que se resume con la bíblica frase de “ver la paja en el ojo ajeno”.

Para muestra un botón.

Una encuesta realizada en 2010 por la empresa Buró de Estrategias y Análisis del Poder (BEAP), que dirige el politólogo Rodolfo Rivera Pacheco, comprobó que mientras los integrantes del patronato y directivos de la UPAEP se la pasan rasgándose las vestiduras por las uniones entre parejas del mismo sexo, más del 70 por ciento de los alumnos de esa institución no están en contra de este derecho. Peor aún para los directivos universitarios: De ese universo, el 56% se manifiesta abiertamente a favor de que se legisle sobre las sociedades de convivencia.

Esto significa un desfase entre autoridades y comunidad estudiantil, de ahí a que, como bien explicó en su oportunidad Rivera Pacheco, Alfredo Miranda podrá negarse a los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero será su opinión muy personal, no institucional, porque su comunidad piensa de manera muy diferente.

Entonces: ¿Dónde quedo eso de ser autocríticos y reinventarse “para dar resultados acordes a los nuevos tiempos, porque lo que funcionaba en el siglo pasado, hoy ya no es una alternativa, se deben repensar otras soluciones y evolucionar”?

ignacio.angel20@gmail.com

Ignacio Juárez Galindo

La iniciativa enviada por el gobierno del estado para despenalizar los delitos de difamación y la calumnia, así como la cerrazón del Congreso del estado para someter la reforma a una consulta pública se convirtió en un caso que desnudó por completo a los morenovallistas y diputados locales, quienes creyeron que la imposición era la mejor estrategia para un tema tan complejo y fundamental de cualquier sociedad democrática.

Lo que hasta el momento hemos visto por parte de los involucrados de la administración estatal y los legisladores locales en esta reforma, ha sido una actuación que se contrapone radicalmente a las promesas electorales de que la entidad contaría con autoridades sensibles a las demandas ciudadanas, así como al discurso de inclusión, apertura y de que “la campaña ya terminó” que tanto promueve el Ejecutivo local.

Por lo que ha ocurrido estaríamos frente a un grupo de operadores morenovallistas que flaco favor le están haciendo a su jefe –sea político o administrativo- haciéndolo pasar como el responsable de impulsar propuestas antidemocráticas y carentes de sentido común. Operadores que han sido incapaces –no se sabe si por falta de oficio o por extrema soberbia o ambas cosas- de argumentar, cabildear, consensar, escuchar y mucho menos de convencer.

En ese sentido, ha sido un rotundo fracaso de Juan Pablo Piña Kurczyn, procurador del Ciudadano y quien encabeza los trabajos por parte del gobierno del estado, porque se supone que es experto sobre la profundidad que guarda un tema como la libertad de expresión y está al tanto de las amenazas reales que enfrentan los periodistas en el ejercicio de su profesión, todo ello tras su paso por la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles.

Igualmente lamentable es que Juan Pablo Piña no haya advertido a la administración morenovallista sobre el retroceso que implicaba la iniciativa presentada ante el Congreso del estado. Si lo hizo y no le hicieron caso, peor aún porque estaríamos ante el referente de que en la gestión estatal se propone pero no hay nadie que escuche.

En segundo término representa un revés para Fernando Manzanilla Prieto, no sólo por su papel en los hechos como vicegobernador, sino porque la Secretaría General de Gobierno que encabeza representa la instancia obligada a tender lazos y/o vías de intermediación ante cualquier conflicto que pueda existir en la entidad, máxime si el diferendo fue generado por una propuesta de la administración estatal.

De hecho, la justificación de no intervención del gobierno del estado en este tema por respeto a la independencia de poderes resulta banal porque el enojo inicial surgió por una iniciativa presentada por los morenovallistas y que fue calificada como una velada manera de aplicar la mordaza para los medios de comunicación.

También representa un fracaso para Noberto Tapia Lastiniere, coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, quien prácticamente estuvo ausente en toda la discusión pese a que es el responsable de llevar a cabo un necesario cabildeo entre directores de medios de comunicación y reporteros de una propuesta de su jefe.

Uno más que ni sus luces en el escándalo de la reforma fue Marcelo García Almaguer, director general del Sistema de Información y Comunicación del Gobierno del estado, quien no sólo por su cargo actual está obligado a fijar una postura al respecto sino porque es un funcionario con suficiente experiencia en el área de comunicación política para advertir la necesidad de tener un trabajo previo y sensibilidad en una reforma de esta magnitud.

Me parece que en esta discusión, el gobierno del estado dejó en manos del inexperto Congreso del estado la responsabilidad de conducir el tema, lo cual, políticamente hablando, representó un golazo de Moreno Valle a los legisladores.

Sin embargo, a la par de la actitud de cerrazón tomada por los legisladores locales, se dejó abierta la puerta para cualquier tipo de suspicacias, sobre todo, aquella de que en su ánimo no está la congruencia: llegaron por la vía democrática, pero su postura en esta discusión estuvo muy lejos de apegarse a los preceptos democráticos.

Y si bien la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales fue la responsable de discutir el tema -.cuyos integrantes ya estaban puestísimos para presentar sin ninguna enmienda la iniciativa morenovallista-, lo cierto es que los principales responsables ante un tema tan delicado no pueden ser otros que los coordinadores de las diferentes fracciones en el Congreso, empezando por Guillermo Aréchiga Santamaría, quien cobra como presidente de la Gran Comisión.

Al final de cuentas ya se comprobó que la iniciativa de reforma no sólo generó un áspero debate sino que el efecto positivo que los morenovallistas pretendían generar en la opinión pública se ha difuminado y ahora la propuesta legislativa ya fue bautizada como la “Rafamordaza”.

Sólo basta conectarse a las redes sociales –Facebook y Twitter- para caer en cuenta sobre la polarización e indignación que generó la iniciativa entre la sociedad civil organizada, asociaciones ligadas a la defensa de la libertad de expresión y medios de comunicación, así como  universitarios y asiduos lectores.

Esto sin duda es una continuación a las críticas públicas realizadas por el capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, quien aseguró que, entre otras cosas, la iniciativa morenovallista era una forma velada de cortar la liberta de prensa y un atentado al ejercicio periodístico.

Las redes sociales, además, fueron utilizadas por los legisladores locales, como Guillermo Aréchiga Santamaría, para intentar hacer una defensa de la reforma sin ningún éxito. Otros, como Enrique Doger Guerrero, se valieron de esa vía para convocar informalmente a una reunión extraoficial con integrantes de los medios de comunicación para conocer sus puntos de vista.

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Una carta para herir sentimientos

En la edición de esta semana de la revista Proceso se publicó una interesante carta que hace públicas, a nivel nacional, las denuncias contra el gobierno del estado de Puebla por una serie supuestos despidos injustificados que estaría realizando.

Aquí la misiva:

“Exige al gobierno de Puebla pagos por el despido de su hijo

“Señor director:

“El pasado 9 de febrero, el titular de la Subsecretaría de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno de Puebla, Víctor Manuel Barceló, sin mediar ninguna notificación o acuerdo, manifestó a unos 20 trabajadores, en su mayoría abogados recibidos, que todos estaban despedidos. Ni siquiera les permitió sacar sus cosas personales.

“Además de que no se les comunicó la razón o motivo de su cese, no les pagaron la quincena, pues la presentarse a reclamar los salarios correspondientes, el licenciado Barceló les dijo ‘que les agradecía su colaboración, pero no iba a haber ningún pago’.

“Esto, a pesar de que un día antes del despido los tuvieron trabajando desde las 8:00 hasta las 23:00 horas.

“En virtud de que soy madre de uno de los trabajadores despedidos, exijo públicamente que se les pague su quincena, 20 días por año laborado y la indemnización por tres meses que establece la Ley Federal del Trabajo.

“Sé que a partir de que Rafael Moreno Valle tomó posesión como gobernador de Puebla, el 1 de febrero, lo mismo ha ocurrido en otras dependencias, ocasionando graves daños a los trabajadores y sus familia, pues el 99% son casados y tienen hijos.

“Debe ya ponerse un alto a estas violaciones a la ley.

“Atentamente
“Amalia Gómez Flores
Puebla, Puebla”.

ignacio.ange20@gmail.com