El Instituto Federal Electoral (IFE) determinó aplicar un procedimiento especial sancionador al gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, por la contratación de propaganda referente a sus 10 informes regionales de gobierno durante el tiempo de la reciente campaña electoral.
En sesión extraordinaria, el Consejo General del órgano electoral acordó dar vista de este asunto al Congreso de Tlaxcala para que determine si procede iniciar un juicio político contra el mandatario por este asunto.
Los consejeros concluyeron que el hecho de que un mandatario realice varios informes de gobierno no es reprobable y por el contrario resulta positivo desde el punto de vista democrático, porque supone rendir cuentas a los ciudadanos.
Sin embargo, lo que resulta incorrecto es que se haya contratando publicidad en medios de comunicación locales durante el tiempo de la campaña electoral, como ocurrió en este caso.
El IFE aclaró que el procedimiento se aplica con base en el artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales.
La decisión de dar vista al Congreso del estado se fundamenta en el hecho de que esa es la instancia responsable de decidir si la conducta violatoria a la legislación electoral eventualmente amerita un juicio político para el mandatario.
Notimex divulgó que en el procedimiento se señala que algunos funcionarios del gobierno del estado también tendrían responsabilidad en estos hechos, al haber preparado el material y contratado los espacios publicitarios en medios de comunicación locales.
Entre estos funcionarios se encuentran el coordinador de Giras y Eventos, el jefe del Departamento de Logística del despacho del gobernador y el director de Relaciones Públicas e Imagen, así como el coordinador general de Información y Relaciones Públicas.
Los consejeros electorales coincidieron en que el Cofipe es claro en señalar que durante las campañas electorales no se puede hacer ninguna clase de propaganda que destaque la imagen de un mandatario local mediante la contratación de espacios pagados en medios de comunicación.
Al comprobarse que el gobernador González Zarur pagó espacios publicitarios para difundir sus informes se actualiza la hipótesis de esta prohibición en el Cofipe, lo que motiva el procedimiento.
