Aunque en noviembre pasado  89.9% de los votos  equivalentes a 956 mil personas, le dieron el "sí” a la construcción del Tren Maya, en una consulta sobre 10 proyectos prioritarios del gobierno federal, representantes de organismos ecologistas coinciden en que su construcción es una decisión apresurada.

A decir de los especialistas, tampoco es suficiente el banderazo simbólico que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a la obra a través un ritual indígena con 12 comunidades de Chiapas, para pedir permiso a la madre Tierra.

Representantes de organismos ecologistas coinciden en que cualquier decisión requeriría primero de estudios exhaustivos y consultas apegadas a la legislación nacional e internacional, como el Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 por México; este  establece la participación pública y el acceso a la información en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

"Es importante [el Acuerdo de Escazú] porque de alguna manera resume parte de lo que pedimos, que es el acceso a la justicia y la información, así como participar en la toma de decisiones ambientales  embona mucho con el tema del Tren Maya”, explica Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Salvo  mapas e información general, previo a la consulta sobre proyectos prioritarios, no se dieron a conocer mayores detalles del megaproyecto.